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200 parejas sin casarse por conflicto sindical

27/6/10

D. FERREIRA / P. BESADA

Unas 200 parejas están impedidas de casarse en la fecha que planearon a raíz del conflicto sindical en el Registro Civil. Algunos novios recurren a anotarse en oficinas del interior, para lo cual admiten que deben mentir sobre su domicilio.

"La opción es casarme en Libertad (San José)", comentó Sol, de 28 años, que hace un año fijó su fecha de casamiento el 9 de julio, pero que no se pudo anotar en Montevideo por el conflicto sindical. "Conozco a alguien del lugar, puedo decir que vivo ahí, pero es claro que en ese caso estaría mintiendo y que eso va en contra de la ley. El problema es que el propio Estado te pone en esa situación", agregó.

Las medidas gremiales ya llevan 81 días (desde el 7 de abril), y hace 56 días que las parejas no se pueden anotar para casarse. El sindicato afirma que el conflicto se mantendrá hasta que no se cumpla con el pago de $ 1.800 mensuales a cada uno de los 170 funcionarios del Registro Civil. Esta partida se acumula desde 2009, y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ofreció pagar $ 400 por trabajador, pero la propuesta no fue bien recibida. Los funcionarios ganan un promedio de $ 20.000 nominales.

Pese a los vaivenes sindicales, esta novia parece decidida a casarse. "Me voy a casar el 9 de julio por iglesia. ¿Qué voy a tener que hacer para casarme (por civil)? Lo que el Estado me obligue a hacer", dijo con determinación.

El Código Civil obliga a las parejas que quieren casarse por iglesia a hacerlo previamente por la vía legal, es decir, a través del Registro Civil. Sol no descarta hablar con el sacerdote de su iglesia para que haga una excepción y anteponga la ceremonia religiosa, aunque admitió que esa es una gestión complicada.

La primera opción, casarse en Libertad, tampoco es mucho más sencilla. Viajar 50 kilómetro "es una complicación, porque mucha gente no va a poder ir. Hay gente que quería ser testigo, que quería ser parte de esto y no va a poder", dijo Sol.

Daniela, otra de las novias afectadas por la medida, intentó anotarse en Maldonado cuando advirtió que no podría casarse por civil en la fecha que tenía prevista. Puso a su nombre el número de teléfono de un apartamento que poseen sus padres en Punta del Este, para acreditar el domicilio en Maldonado, pero en el juzgado del departamento le dieron fecha para principios de septiembre, dos meses después de la ceremonia religiosa que fijó hace más de un año.

Según Daniela, el Registro Civil "brinda un servicio esencial, que solo puede dar el Estado, por lo tanto no puede interrumpirlo por tres meses".

Desde la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci) reconocen que puede haber parejas que mientan para casarse en otros departamentos por fuera de la zona metropolitana (ya que el conflicto abarca a las oficinas de Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras). "No somos policías para investigar si (los novios) viven o no donde dicen", admite Cristina Valdez, de Afureci.

Sin embargo, varias parejas afectadas constataron que en las capitales departamentales los controles sobre la constancia de domicilio son estrictos, o se dan fechas para dentro de varios meses. Por eso, muchos han optado por anotarse en juzgados de pequeños pueblos del interior.

Si bien el conflicto se da en lo que los funcionarios definen como "baja temporada" -porque las bodas suelen realizarse en vacaciones o a partir de primavera-, se estima que unas 30 parejas por semana (unas 200 en lo que va del conflicto) no pudieron casarse.

Este mes, un lectora publicó una carta en este diario titulada "Prohibido casarse" en la que contaba que si no encontraba una solución para casarse el 9 de junio, fecha para la cual había contratado y señado desde tiempo atrás a los servicios para la fiesta, así como la luna de miel, presentaría "una demanda contra el Estado". "Pero más allá del tema pecuniario -que no es menor-", indicaba, "existe un daño irreparable para las parejas en nuestra situación. Este daño es la permanente preocupación -nuestra y de nuestros familiares y amigos- al vernos rehenes de un problema que no es nuestro".

Descuentos. Mientras los funcionarios exigen el cumplimiento de sus demandas para normalizar las tareas, el MEC evalúa las sanciones a aplicar.

Hasta el momento, sólo le han descontado un día de sueldo a los funcionarios, correspondiente a un paro de 24 horas realizado el 20 de mayo.

"Aún no se ha instrumentado o no se ha efectivizado otro descuento por las otras medidas realizadas", aclaró Mederos. El sindicalista explicó que durante el conflicto, los funcionarios se han presentado a sus puestos de trabajo y que incluso se han afectado sólo algunos servicios, ya que otros trámites como la inscripción de nacimientos, de defunciones, los certificados de soltería y enmiendas de actas, "se han cumplido sin alteración".

Al tratarse de la esfera pública, el ministerio se apegará al decreto de agosto de 2008 que establece el descuento salarial a los funcionarios de la Administración Central en forma proporcional a "la disminución de sus tareas dentro de su horario habitual".

El director general de Secretaría del MEC, Pablo Álvarez, dijo a El País que si bien los trabajadores tienen derecho a realizar medidas, "la Administración también tiene que hacer cumplir la normativa existente y en este caso es la aplicación de la norma para los descuentos". El MEC afirma que la idea es hacer los descuentos cuanto antes y no esperar al desenlace del conflicto. Sin embargo, la estrategia sindical complica los cálculos del MEC. "No son medidas gremiales que implican que la gente no se presenta en el trabajo, lo que dificulta el cálculo, pero evidentemente las funciones no se están llevando a cabo, sino no habría conflicto", remarcó Álvarez.

Viajes y bebés. Los novios no son los únicos afectados por las medidas en el Registro Civil, ya que también se cortó la entrega de partidas de defunción, nacimiento y matrimonio. Esto ha dificultado, por ejemplo, los planes de las familias que pensaban viajar en vacaciones con sus hijos, ya que la no entrega de partidas tranca la tramitación de permisos para menores.

El diputado nacionalista Antonio Chiesa advirtió otra complicación. Al no emitirse las partidas de nacimiento, se retrasaba o impedía la inscripción de los bebés en los servicios de salud, afectando con ello el que reciban la atención sanitaria que requieren a esa edad. Esto motivó que el legislador enviara un pedido de informes el 9 de junio.

Finalmente, el martes pasado tras una reunión con las autoridades del Registro Civil y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), los trabajadores decidieron flexibilizar las medidas, habilitando la entrega de certificados por trámite común (en un plazo de 48 horas y por un costo de $ 38), según informó el dirigente de Afureci, Javier Mederos.

Desde el miércoles se expiden partidas en las oficinas de Sarandí 428, los hospitales Pereira Rossell, Canzani y Clínicas y las sucursales de Las Piedras y Ciudad de la Costa. Además, en el local de Uruguay 933 ya se entregan las partidas comunes del interior y extranjeras.

Molestia con juez

El pasado 20 de mayo, el Registro Civil convocó al juez civil de Maldonado Daniel Demicheris, por realizar casamientos en medio de un paro de 24 horas del sindicato.

Los funcionarios manifestaron su malestar a la presidenta de la Asociación de Magistrados, Anabella Damasco, según indicó el funcionario Javier Mederos. El sindicato consideró que el juez "interfirió con sus medidas" y pidió que se eviten estas situaciones en el futuro.

Sin una solución a la vista

Los conflictos en el Registro Civil se repiten año a año, al menos desde 2009, pero esta vez la problemática fue más lejos y el conflicto que mantienen los 170 trabajadores del Registro ya lleva 71 días.

Pese a ello, desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se descartó un pedido de esencialidad, y tampoco se habla de fechas límite para resolver el conflicto, para no comprometer la negociación.

Sin una solución concreta a la vista, las negociaciones entre el MEC y el sindicato de funcionarios del Registro Civil se retomarán la semana que viene. El director general de Secretaría del MEC, Pablo Álvarez confía en llegar a un acuerdo y señaló que se instrumentará el ingreso de 13 becarios para llenar las bajas y el Ministerio reconocerá que parte de la liquidación de haberes ha sido mal efectuada.

El País Digital

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